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Masacre en Pataz: El impacto de la minería ilegal y la inacción estatal
La madrugada del 3 de mayo de 2025, el hallazgo de los 13 cuerpos sin vida de los mineros secuestrados en Pataz, región La Libertad, confirmó la peor de las tragedias para las familias afectadas y para todo el sector minero en el país. El crimen ha expuesto una vez más las graves consecuencias de la minería ilegal y la ausencia del Estado en territorios estratégicos para el desarrollo de la minería formal. Este ataque no es un hecho aislado, sino parte de una serie de crímenes violentos que azotan el corazón de la minería en el Perú.
📌 ¿Qué ocurrió en Pataz?
En la madrugada del 3 de mayo, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el hallazgo de los cuerpos de 13 mineros que fueron secuestrados el 26 de abril por una banda de mineros ilegales asociados con organizaciones criminales que controlan la zona. Las víctimas, que trabajaban para la empresa R&R en convenio con la minera Poderosa, fueron brutalmente ejecutadas en un atentado que deja en evidencia la profunda falta de control territorial en la región.
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Las víctimas fueron retenidas en bocaminas ilegales en el anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz. La información que logró filtrarse desde los primeros días apuntó que el secuestro no solo era real, sino que los criminales eran conocidos en la zona, y operaban con total impunidad.
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La Policía tardó varios días en actuar, y la información sobre la ubicación de los mineros fue proporcionada por los mismos compañeros de trabajo de las víctimas, quienes alertaron a los medios y autoridades.
📍 La tragedia no es un hecho aislado: antecedentes de violencia
Este ataque no es el primero de su tipo en el país. En 2019, 2020 y 2023 se registraron incidentes similares, en los que bandas criminales asociadas a la minería ilegal ejecutaron a trabajadores de minería formal y atacaron a empresas que intentaban regularizar operaciones en zonas conflictivas.
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En 2020, en La Oroya, se reportó el asesinato de 5 trabajadores de una empresa minera formal que trataba de formalizar operaciones mineras en una zona dominada por la minería ilegal.
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En 2023, en Ancash, otra masacre dejó 7 muertos entre los trabajadores de una empresa pequeña que intentaba recuperar terreno de bocaminas controladas por mafias ilegales.
🏛️ El gobierno y su respuesta ante los atentados: inacción y desconfianza
El Gobierno de Dina Boluarte y las autoridades regionales de La Libertad han sido ampliamente criticados por su respuesta tardía ante la situación. La Ministra de Interior, Gustavo Adrianzén, llegó incluso a negar la existencia de un secuestro, afirmando que la información provenía de fuentes no verificadas.
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El Gobierno no activó las alertas a tiempo, y el Ministerio del Interior tardó varios días en confirmar los hechos. Además, se registró una clara descoordinación entre las fuerzas de seguridad, quienes no lograron prevenir ni desmantelar las bandas criminales, a pesar de que las bocaminas ilegales estaban plenamente identificadas y georeferenciadas por las propias empresas formales de minería.
La minera Poderosa, afectada por el crimen, manifestó en un comunicado que el asesinato de los 13 trabajadores no solo representa una pérdida humana irreparable, sino que exhibe la grave crisis de seguridad que enfrentan las zonas mineras del país: "La minería ilegal ha tomado el control total de Pataz, convirtiendo a la provincia en un territorio sin ley".
⚖️ Implicaciones legales y políticas para el sector minero
Este atentado resalta los vacíos legales y la falta de seguridad jurídica en la minería peruana. La formalización de la minería artesanal e informal es una necesidad urgente que ha sido arrastrada durante años sin avances significativos. Las leyes mineras actuales son ineficaces frente a la criminalidad organizada que controla la minería ilegal.
🏛️ Propuestas urgentes:
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Reforzar la seguridad y presencia del Estado en zonas conflictivas: Necesitamos una intervención efectiva del Estado, que implemente operativos de control en las bocaminas ilegales y que actúe de forma preventiva contra las mafias mineras.
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Fortalecer la formalización de la minería artesanal: Acelerar los procesos de formalización es clave para evitar que los mineros artesanales caigan bajo el control de organizaciones criminales.
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Revisión de la legislación minera: Es imperativo que las leyes se modernicen y se adapten a la realidad del sector minero, priorizando la seguridad de los trabajadores y el respeto al medio ambiente.
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Apoyo real a las comunidades afectadas: Las comunidades deben recibir apoyo para acceder a proyectos de minería responsable, sin ser forzadas a depender de las mafias ilegales.
🏘️ La responsabilidad social empresarial y el abandono institucional
Si bien la minería formal tiene un papel clave en el desarrollo económico del país, el sector empresarial también tiene que hacerse responsable de los entornos en los que opera. Las empresas mineras deben exigir que el Estado brinde garantías de seguridad a sus trabajadores, y deben trabajar junto con las comunidades locales para ofrecer alternativas laborales, ya que la minería ilegal alimenta la pobreza y la falta de opciones en muchas zonas rurales.
Sin embargo, la respuesta institucional hasta ahora ha sido insuficiente, y el abandono estatal sigue siendo un factor determinante en el recrudecimiento de la violencia en zonas mineras.
🛑 Conclusión: El futuro de la minería peruana depende de un cambio estructural
El caso de Pataz no debe ser solo una cifra más en los reportes de violencia. Es un llamado urgente para que el Gobierno tome decisiones valientes y estructurales, que incluyan seguridad efectiva, apoyo al sector minero formal y la eliminación de las mafias que dominan las zonas mineras. Sin un cambio radical, la minería peruana seguirá siendo el escenario de estas tragedias, poniendo en riesgo no solo a los trabajadores, sino al desarrollo económico y la estabilidad social del país.
💬 La minería formal y responsable es posible, pero requiere el compromiso conjunto entre Estado, empresas y comunidades.
📰 Fuente: Infobae. “Masacre en La Libertad: hallan a 13 trabajadores mineros asesinados en socavón de Pataz”. Publicado el 5 de mayo de 2025.
